En sentencia Nro. 268 del 23 de mayo de 2024, la Sala de Casaci\u00f3n Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Elsa Janeth G\u00f3mez Moreno, estableci\u00f3 que el incumplimiento de obligaciones contractuales o extracontractuales, debe reclamarse estrictamente en la jurisdicci\u00f3n civil o mercantil, y no podr\u00e1 acudirse a los \u00f3rganos de persecuci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n
La Sala estableci\u00f3 que \u201creclamar derechos que van en detrimento de la propiedad y el patrimonio de las personas, accediendo a la jurisdicci\u00f3n penal, con el solo fin de presionar y coaccionar a las personas y logrando penalizar conductas at\u00edpicas, que perfectamente pueden ser tuteladas por los tribunales competentes en el \u00e1mbito natural de su jurisdicci\u00f3n, d\u00e1ndole para el logro de su \u00edrrito fin, la apariencia externa de un acto antijur\u00eddico, punitivo y lograr someter hechos que no se encuentran calificados como delitos, con el solo objetivo de obtener beneficios al margen del ordenamiento jur\u00eddico, es lo que hoy se conoce como terrorismo judicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La Sala concluy\u00f3 que \u201ccuando los hechos no puedan ser subsumidos en el derecho penal, la actuaci\u00f3n del fiscal y los tribunales de instancia debe estar dirigida al sobreseimiento de las causas, por razones de atipicidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n